Denuncian presunta explotación laboral juvenil en Fuerza Ciudadana en plena temporada electoral
A pocas semanas de las elecciones atípicas a la Gobernación del Magdalena, previstas para el 23 de noviembre de 2025, el movimiento político Fuerza Ciudadana, que respalda la candidatura de Margarita Guerra, enfrenta un nuevo escándalo. Una denuncia anónima radicada ante el Ministerio del Trabajo señala supuestas irregularidades laborales y la utilización de jóvenes en actividades proselitistas sin garantías legales.
De acuerdo con el documento, decenas de jóvenes estarían siendo contratados informalmente en Santa Marta para promover la candidatura, recibiendo pagos diarios de $20.000 pesos sin contar con contrato ni afiliación al sistema de seguridad social (salud, pensión o riesgos laborales). Estas prácticas, según la denuncia, representarían una posible explotación laboral juvenil y una vulneración de derechos fundamentales.
Los denunciantes detallan que los jóvenes son fácilmente identificables en zonas concurridas como la Avenida del Ferrocarril con la Avenida del Río, los semáforos de Ocean Mall y Buenavista, así como en los alrededores del Mercado Público, donde reparten volantes, instalan pendones y realizan labores puerta a puerta con fines políticos.
El documento incluye también un video en el que uno de los jóvenes reconoce recibir el pago diario sin contrato alguno, lo que serviría como prueba directa de la informalidad en su vinculación.
Ante esta situación, se solicita al Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección Territorial del Magdalena, realizar inspecciones en los puntos mencionados y exigir al movimiento político los soportes de contratación y afiliación de quienes participan en las actividades de campaña. En caso de comprobarse los hechos, se pide imponer las sanciones correspondientes por incumplimiento de la normatividad laboral.
Expertos en derecho laboral y observadores electorales señalan que, de confirmarse, este caso podría evidenciar no solo un uso indebido de mano de obra con fines electorales, sino también posibles responsabilidades administrativas y penales para los organizadores de la campaña.
Hasta el momento, el Ministerio del Trabajo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la apertura de una investigación formal. La denuncia pide mantener la reserva de identidad del denunciante por motivos de seguridad.
